Operación comercial buscaba darle «apariencia de legalidad» a la plata ilícita: Por esto fue la ocupación de tiendas Lili Pink

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada contra las Finanzas Criminales y sus direcciones especializadas, y en articulación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) puso al descubierto un conglomerado empresarial que, con la fachada de una cadena de venta de ropa femenina, habría permitido el ingreso de recursos de origen ilícito y de contrabando al país.

Los elementos materiales probatorios indican que la organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación.

Las maniobras estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal.

En desarrollo de la investigación, una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, con apoyo de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, ha documentado, entre otras conductas delictivas, el lavado de activos en cuantía de 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millones.

De igual manera, obtuvo ante un juez de control de garantías de Bogotá varias órdenes de captura con fines de imputación y medida de aseguramiento, las cuales se encuentran en proceso de materialización y judicialización.

Bienes afectados Producto de la labor articulada realizada, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, los cuales serán objeto de avalúo.

Las diligencias de ocupación se realizaron con apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la cadena de almacenes tiene presencia.

Las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social, mientras avanza el trámite de extinción del derecho de dominio ante jueces de la especialidad. Esta información se publica por razones de interés general.